Pensamiento

Tenemos entonces que el fenómeno del transporte público, lo tiene regulado el Estado costarricense con las leyes: 7969 que básicamente contiene normas orgánicas además lo que podríamos denominar como una gran licitación de taxis, la Ley 3503 de 1960, que determina el carácter de <<publicatio>> del transporte público, y la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento que dispone la licitación pública para otorgar en concesión la prestación del servicio de transporte público, figura que surge de los efectos de la revolución industrial que culmina en una fórmula política más que jurídica, al resultar ser el puente que surge entre el liberalismo y el <<dominus>> de los servicios públicos que el Estado debe prestar.

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